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Los planes de Trudeau de legalizar la marihuana en 2017 llevan al país ante la tesitura de retirarse de los convenios internacionales suscritos contra los estupefacientes.

Una de las promesas electorales de Justin Trudeau, el hoy primer ministro canadiense, fue la de legalizar la marihuana, no sólo para su uso medicinal sino también recreativo. El pasado 20 de abril, Jane Philpott, ministra de sanidad del país norteamericano, reiteró en la Asamblea General de Naciones Unidas su intención de llevar a cabo esta reforma, a más tardar en la primavera de 2017.

Gran parte de la opinión pública canadiense es favorable a permitir el consumo de una droga que lleva prohibida desde 1923. En una encuesta del diario Globe & Mail, de finales de febrero, el 68% creía que el cannabis debía ser legal. Sin embargo, Canadá, como todos los países que quieran seguir sus pasos, se encuentra ante un enorme muro legal: los varios tratados y convenciones de Naciones Unidas que suscribió el siglo pasado.

Los Tres Tratados.

El principal escollo para que cualquier país legalice la marihuana, o cualquier otra droga, es la llamada Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. A continuación, está también la Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico de Narcóticos y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Cada uno de estos tratados ha sido suscrito por más de 180 países, incluido España, por supuesto, pero también por naciones como como Holanda o Uruguay, donde el uso recreativo del cáñamo no está perseguido. ¿Cómo es posible?

En un artículo publicado esta semana en el Canadian Medican Association Journal, Steven Hoffman y Roojin Habibi plantean las salidas legales que tiene Trudeau para lograr legalizar la marihuana recreativa. Para estos dos expertos en legislación internacional de la Universidad de Ottawa, muchos de los países que han legalizado o despenalizado la marihuana incumplen la legislación internacional.

Holanda, primer país en que se legalizó de facto el uso de la marihuana, trató de sortear las leyes internacionales. En realidad, la posesión sigue estando criminalizada, aunque introdujeron una pequeña cláusula que impedía procesar a los ciudadanos que sólo llevasen encima una pequeña cantidad de maría.

Por su parte, Estados Unidos se ha aprovechado de la división de poderes constitucional (que da poder a los estados en materia criminal) para permitir que en Colorado, Distrito de Columbia, Alaska, Oregon o Washington existan ya un mercado de marihuana que cumple con las leyes estatales. En 2013, Uruguay se convirtió en el primer estado en permitir la producción, venta y consumo -comercial o recreativo- de cannabis.

Tanto Estados Unidos como el país sudamericano incumplen todos estos convenios internacionales, y en marzo de 2015, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB por sus siglas en inglés) de la ONU les leyó la cartilla a ambos, anunciando el envío de una "misión de alto nivel" a Uruguay de la que -dicho esto sin ánimo jocoso- aún no se han tenido noticias.

Se espera que, en 2017, el número de países que abren la puerta al uso de esta planta aumente. Australia o Alemania ya han anunciado que están desarrollando leyes que hagan legal su uso médico. Hasta ahora, la ONU ha otorgado a los estados cierta flexibilidad para adaptar estas leyes internacionales sobre control de drogas, aunque los precedentes de países que han legislado de forma "contraria al espíritu de la convención" -como dijo la INCB a Bolivia en 2009 por permitir la plantación, producción y venta de hoja de coca- apuntan a que estos textos de 50 años de antigüedad podrían estar quedándose obsoletos.

¿Qué puede hacer Canadá?

Para los expertos canadienses en leyes, seguir el camino de Uruguay e incumplir con los convenios sería un error fatal para el gobierno de Trudeau. "Los canadienses pueden estar menos preocupados por la legislación internacional cuando se refiere a drogas, pero probablemente lo están más cuando se refiere a genocidio, desarme nuclear o derechos humanos", explica Hoffman. "Canadá no puede escoger qué leyes internacionales quiere seguir sin animar a otros países a hacer lo mismo".

El gobierno de Trudeau baraja ahora mismo tres opciones legales para dar luz verde a la legalización. La primera es cambiar su constitución, la segunda es convencer a un número de países suficiente para reformar el texto de estos tratados de la ONU y la tercera es retirar al país de dichos tratados.

Para Hoffman, "convencer a los 32 países que tienen penas de muerte por tráfico de drogas para que reconsideren los estrictos tratados de control de estupefacientes de la ONU parece tan políticamente posible como añadir un derecho constitucional a fumar marihuana en la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades", una parte de la Constitución que Pierre Trudeau, el padre del actual primer ministro, introdujo en 1982.

Por tanto, la única salida factible para Canadá de legalizar la marihuana sin violar la legislación internacional sería retirarse formalmente de estos tratados.

Fuente: elespanol.com

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